El juez ve un posible delito en el vertido de fecales al mar en Palma y señala a la edil independentista

El juez ve indicio de delito de la edil independentista del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol (Més per Mallorca), por los vertidos de aguas fecales al mar durante la pasada legislatura cuando era presidenta de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (Emaya). Pese a ello, la actual concejala de Modelo de Ciudad no dimitirá de su cargo aunque se abra juicio oral, tal y como ha manifestado hoy en rueda de prensa.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha dictado un auto en el que aprecia indicios de delito por parte de la expresidenta de Emaya. Ha presentado el auto a Fiscalía para que redacte el correspondiente escrito de acusación contra Truyol y otras personas investigadas en la causa.

Cabe recordar que en febrero de 2020, la regidora fue citada a declarar en el Juzgado de Vía Alemania en calidad de investigada por un presunto delito medioambiental en relación a los vertidos de aguas mixtas (pluviales y residuales) de la depuradora de Palma.

La expresidenta de Emaya negó en sus declaraciones que el Ayuntamiento no actuara para intentar resolver el problema de los vertidos, y defendió que se gestionaron correctamente los fondos del canon de saneamiento.

Además, aseguró que el área de Medio Ambiente aprobó un plan de saneamiento que recogía la necesidad de una nueva depuradora para el Coll den Rabassa que debía impulsar el Estado. Junto a Truyol, otros cuatro técnicos y la exgerente de Emaya estaban investigados por un presunto delito medioambiental.

Hoy en rueda de prensa la concejala de Més ha justificado su negativa a dimitir porque el proceso judicial «se inició por unos motivos muy determinados, por la denuncia de una persona vinculada a las derechas que discrepaba del decreto de posidonia aprobado por el Govern hacía unos meses», ha apuntado en declaraciones a los medios acompañada por los portavoces del Grupo Municipal Socialista, Francisco Ducrós y del de Podemos, Alberto Jarabo.

La edil ha asegurado por ello que «detrás de esta denuncia hay causas políticas, no hay una voluntad de protección de la naturaleza ni de la Bahía de Palma» y además ha indicado que le llama la atención que «los que ponemos medidas y solucionamos el problema, haciendo un ejercicio de transparencia explicándolo a la población, resulta que los que investigamos y ponemos soluciones, somos los que acabamos encausados, lo que nos demuestra que somos víctimas de una persecución política por parte de unos intereses económicos muy determinados, que nada tienen que ver con el medio ambiente».

En la misma línea la concejala secesionista aseguró que, «aunque nosotros molestemos a ciertos sectores económicos de la ciudad, seguiremos trabajando por el bien común, sin estar condicionados por ningún lobby».

«La instrumentalización de la Justicia por algunas personas que no han podido con la dinámica democrática conseguir sus objetivos, y utilizan la Justicia en beneficio propio, es un hecho que perjudica a la democracia, a sus valores y a la acción política. Seguiremos trabajando de manera intensa para evitar vertidos y proteger el medio ambiente», zanjó la concejala que no dimitirá ni aunque se abra juicio oral.